
13 inmuebles que funcionaban como prostíbulos y cervecerías pasaron a administración del Estado, la mayoría operaban en distintos barrios del centro de San Salvador.
Según la Fiscalía los propietarios de estos establecimientos fueron capturados tras ser acusados de trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas, casos especiales de lavado de dinero y activos.
Durante los allanamientos se incautaron cerca de 15,000 dólares en efectivo, los cuales junto a cuatro cuentas bancarias pasaran al consejo nacional de administración de bienes, y de acuerdo al ministerio público a esta estructura que está vinculada con la pandilla 18 también tenía varios vehículos producto de los ilícitos.
El resto de los establecimientos que fueron materializados se encuentran ubicados en la residencial Bosques de Santa Teresa de Santa Tecla, barrio San Esteban de San Salvador y barrio El Calvario de Suchitoto en Cuscatlán.