Organizaciones civiles y la prensa siguen preocupados por la reglamentación hecha por el ejecutivo de la ley de acceso a la información pública, publicada este lunes en el boletín oficial, por la que el estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal, papeles de trabajo, reuniones previas, entre otras cosas, además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
Desde hace 7 años rige en Argentina una ley de acceso a la información pública, que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso a la información considerada de carácter público, que ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales o ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
