
El Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó a El Salvador un estudio actualizado que evalúe el impacto de la reforma de pensiones de 2022, enfocada en el manejo de fondos, emisión de deuda y sostenibilidad del sistema, antes de respaldar una nueva propuesta, la cual, según Patricio Pineda, vocero de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, requerirá un análisis actuarial para medir riesgos y garantizar pagos futuros.
Aunque el plazo para presentar el informe se extendió hasta septiembre de 2025, se advirtió que cualquier cambio, basado en estos resultados técnicos, debería implementarse en febrero de 2026 para evitar afectar a los cotizantes.
Este proceso, que busca transparentar el uso de recursos y asegurar financiamiento a largo plazo, podría definir si el sistema actual es viable o requiere ajustes profundos.