
El Salvador enfrenta advertencias del FMI por su política de compra estatal de bitcoins, que superan los $700 millones en reservas.
Expertos sugieren usar empresas con participación privada para continuar adquiriendo criptomonedas sin violar acuerdos.
Mientras tanto, el país solo captó 5.4% de la inversión centroamericana, afectado por altos costos inmobiliarios y energéticos.