El ente fiscal se basa en el código de comercio para clausurar dichas sociedades, ya que estuvieron involucradas en acciones delictivas cometidas por Quijada y otras siete personas; quienes defraudaron a seis victimas y tres sociedades por más de 1.3 millones de dólares, contra quienes falsificaron documentos e incumplieron con el alquiler de inmuebles.
