
El Estado de El Salvador compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a denuncias de organizaciones sociales que señalan presuntas violaciones de derechos humanos desde 2022, incluyendo desapariciones forzadas y muertes en centros penitenciarios.
Durante la audiencia, representantes gubernamentales defendieron la actuación del país y afirmaron que no existe persecución contra activistas u organizaciones, asegurando que las instituciones actúan únicamente cuando hay indicios de delitos y siempre bajo control judicial.
En el encuentro también se presentó un informe sobre abusos sexuales contra mujeres y niñas ocurridos durante la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992), señalando que muchos de estos crímenes siguen impunes y que las víctimas aún esperan justicia y reparación.