El Ejecutivo propone un impuesto del 30% a las donaciones que reciben las ONGs, una versión reducida del 40% planteado en 2021, lo que, según estas organizaciones, limitaría su capacidad de respuesta en proyectos sociales, ya que muchos dependen de financiamiento externo tras el corte de ayuda estadounidense.
Aunque las ONGs aseguran cumplir con auditorías y controles financieros vigentes, el gobierno insiste en que la medida redirigiría recursos hacia comunidades vulnerables, pese a que críticos advierten que reduciría la diversidad de opiniones y la rendición de cuentas.
Mientras la incertidumbre crece sobre si se retomará el proyecto original o se presentará uno nuevo, ciudadanos destacan que el impuesto podría apoyar a quienes «no les alcanza», en beneficio de los más necesitados.
