Aquellas familias que han recuperado sus viviendas tras ser usurpadas por la delincuencia y que aún presentan deudas en la administración nacional, podrán borrar su saldo de forma completa. En primera instancia, se deberá presentar una denuncia o una declaración jurada sobre su situación. Eso sí, esta última debe ser autenticada por un notario.
