Los agentes de seguridad privada se enfrentan a un creciente deterioro en sus condiciones labores, en el último año fueron despedidos 8,000 empleados, tras el incremento del salario mínimo, fuentes del sector señalan que otras 400 personas perdieron su empleo.
En el país existen 485 compañías en las que trabajan alrededor de 70,000 personas, quienes brindan servicio a residenciales, empresas y entidades públicas, pero debido al clima de seguridad en el país, empleadores han decidido prescindir de su servicio.
La reducción de personal ha provocado una sobrecarga de trabajo significativa, organizaciones sindicales denuncian además violaciones laborales, falta de pagos y amenazas si acuden a denunciar irregularidades en el Ministerio de Trabajo.
Esta situación ocurre mientras la propuesta de ley especial de regulación de los servicios de seguridad privada, que busca establecer un marco legal de las condiciones laborales del sector y presentada desde 2021 permanece estancada en la Asamblea Legislativa.
