Durante 12 meses, algunas garantías constitucionales han estado suspendidas tras la aprobación del régimen de excepción. Para la captura de pandilleros o personas acusadas de ser pandilleros no es necesaria una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República, pero todo depende del tipo de delito. Además, se restringe el derecho a la defensa en las detenciones, sobre todo acceder a defensores particulares.
