El pleno legislativo aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un 30% de impuesto a fondos de ONG internacionales.
La normativa, cuestionada por sectores civiles, crea un registro controlado por el Ministerio de Gobernación, con potestad para cancelar personerías jurídicas.
Organizaciones alertan que esto limitará ayuda humanitaria, mientras el Ejecutivo prepara reglamentos para aplicar sanciones. El debate refleja tensiones entre control estatal y autonomía de la sociedad civil.
