Cada uno tenía cargos asignados, entre cabecillas, ejecutores y colaboradores.
Según la Fiscalía entre 2018 y 2020, recibieron dinero desde Estados Unidos para cometer asesinatos. Se les atribuye un homicidio y la planificación de 9 más.
Las sentencias impuestas fueron por los delitos homicidio agravado, proposición y conspiración para homicidio, tráfico ilícito y organizaciones terroristas, así como tenencia ilegal de armas de fuego.
