794 personas han sido detenidas por conducción peligrosa durante el 2025, algunas de estas personas ya enfrentan procesos judiciales, como es el caso de Jaime Francisco Hernández Chilín, quien fue condenado a dos años de prisión por este delito, pena que fue sustituida por trabajos de utilidad pública, además de la suspensión de su licencia de conducir y la prohibición de no manejar ningún tipo de vehículo durante el mismo periodo de la condena.
El pasado 24 de abril Hernández fue identificado circulando bajo los efectos de bebidas embriagantes sobre la carretera que de Metapán conduce a Santa Ana, durante un control vehicular.
Según el informe policial, los agentes observaron la motocicleta en la que se trasladaba realizando desplazamientos en zigzag, al realizarle la prueba de alcoholemia resultó con 301 grados de alcohol.
Mientras que otros mantienen procesos abierto como Marlon Enrique de 28 años de edad, acusado por el delito de conducción peligrosa. El imputado circulaba sobre la calle Guayacán en el barrio El Progreso y fue interceptado por agente policiales, al momento de realizarle la prueba de alcoholemia resultó con 145 grados, el juzgado cuarto de paz de Soyapango resolvió abrir un procedimiento sumario y le impuso medidas alternas a la detención, entre ellas presentarse cada viernes a firmar en el juzgado, no salir del país y pagar una caución económica de $500. La audiencia de aportación de pruebas fue programada para las próximas semanas.
En otro caso similar, Oscar René, de 61 años de edad, enfrentó audiencia inicial en el juzgado primero de paz de Soyapango, por el delito de conducción peligrosa.
En horas de la tarde del pasado 13 de mayo, el sujeto perdió el control de su vehículo y colisionó contra una cerca sobre la avenida El Jabalí en la colonia Sierra Morena II, en la prueba de alcotest resultó con 354 grados, por lo que fue detenido por agentes policiales.
En la audiencia la jueza impuso medidas sustitutivas a la detención, como presentarse cada viernes al juzgado correspondiente, no salir del país, no cambiar domicilio y pagar una caución económica de $700 dólares, además de reprogramar la audiencia de aportación de pruebas para los próximos días.
