Un total de 1,587 reportes de operaciones sospechosas recibió la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la Republica en cinco años, de acuerdo con un informe de evaluación hecho por el grupo de acción financiera de Latinoamérica.
Dichos documentos corresponden a personas jurídicas en su mayoría sociedades anónimas. Entre el 2019 hasta noviembre de 2023, la FGR desarrolló 29 procesos judiciales contra personerías jurídicas; siendo 2023 el año en el que más casos de desarrollaron.
La unidad de investigación financiera también ha incrementado las consultas de bases de datos para determinar si las personas denunciadas poseen antecedentes o han cometido otros delitos.
Por tanto, en estos cinco años, efectuaron 1,829 consultas; incrementando así la cantidad de solicitudes realizadas, pasando de tres en 2019 a 1,342 el año pasado. También enviaron 256 requerimientos a instituciones gubernamentales, lo que representa un incremento del 50% en este tipo de trámites para 2023.
El grupo Gafilat también destaca los esfuerzos de El Salvador en la adopción de criptodivisas como el bitcoin, a través de la creación de una ley e incentivos del ejecutivo para que la población hiciese uso de ella. Sin embargo, un estudio retomado por el consorcio establece que el país ocupa el puesto 94 del índice de adopción de activos virtuales, destacando el bajo uso de criptomonedas entre la población en general.
Hasta la fecha, El Salvador es un país con un nivel limitado de adopción del uso de activos virtuales; apunta Gafilat.
El informe también revela las principales amenazas que posee El Salvador ante delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, enlistando las siguientes: extorsión agravada, trafico ilícito de drogas, tráfico ilegal de personas, corrupción, contrabando de mercaderías y financiamiento del terrorismo. Las principales vulnerabilidades detectadas son el intercambio de activos virtuales, investigaciones financieras y decomiso, además de sanciones financieras (ft/fp).
Para reducir afectaciones, Gafilat recomienda evaluar riesgos y aplicar enfoques basados en riesgo, cooperación y coordinación nacional, reforzar acciones contra el lavado de dinero, atender los decomisos y medidas provisorias, reforzar las sanciones financieras relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo además de aplicar nuevas tecnologías.
