Una pena de 15 años de prisión podría cumplir una persona que cometa fraude electoral y para quienes obstaculicen la inscripción de candidaturas, según la más reciente reforma al código penal aprobada en el pleno legislativo, cuyo delito actualmente es castigado con 4 a 6 años de cárcel.
Las condenas podrían llegar a 20 años de prisión en casos especiales de fraude electoral para quienes accedan o colaboren a que otro ingrese al sistema informático, servidor o programa para alterarlo, suplantar o sustraer la información de forma temporal o permanente, si el delito es cometido por un funcionario público, empleado o prestador de servicio, la sanción incrementará en una tercera parte de la pena máxima.
También se aplicará un castigo que oscila entre los 20 y 30 años, si la persona que comete el delito es miembro de alguna estructura criminal.
En estas reformas también se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión, a quienes afecten la funcionalidad del sistema informático.
Las personas que no informen de manera inmediata a las autoridades sobre el cometimiento de delitos, aun teniendo el conocimiento de estas conductas, también serán castigados con años cárcel.