La Asamblea Legislativa aprobó una ley que centraliza la administración de los mercados públicos bajo una nueva Dirección Nacional de Mercados, cuyo titular será designado por el presidente, lo que ha generado críticas por transferir el control desde las municipalidades mediante contratos de comodato por 50 años.
Según el decreto, la normativa busca un marco legal claro para regular la estructura, competencias y funcionamiento de estos espacios, aunque diputados opositores la consideran un intento de debilitar a las alcaldías y concentrar poder en el Ejecutivo.
Además, la ley, que incluye la remodelación de infraestructura, obliga a los gobiernos locales a ceder la gestión de los mercados, lo que ha levantado cuestionamientos sobre su impacto en el desarrollo económico municipal.
