La Asamblea Legislativa aprobó la ley de sostenibilidad fiscal para fortalecer las finanzas públicas del país. La normativa establece un límite del 70% del Producto Interno Bruto, para la deuda pública en 2045, con el objetivo de mantener la estabilidad fiscal a largo plazo.
La normativa abarca al sector público no financiero, incluyendo al gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas como CEL y el ISSS, así como las municipalidades y el Fondo de Conservación Vial. Además, regula las obligaciones del sistema de pensiones, obligando al Instituto Salvadoreño de Pensiones proporcionar información solicitada por el Ministerio de Hacienda.
Se fijan metas de deuda con pensiones: no superar el 80% del PIB en 2030, ni mayor del 75% en el 2035. La meta de endeudamiento de largo plazo se espera alcanzar en el 2045, es decir el 80%.
Las restricciones pueden suspenderse en casos de caída del PIB real de al menos 1.5% durante dos trimestres consecutivos, o en emergencias, desastres naturales, crisis económicas o conflictos bélicos que impliquen un costo fiscal mínimo del 1% del PIB.
Esta ley es parte de un acuerdo de aproximadamente 1,400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que también exige reformas en pensiones, reducción del gasto salarial, reforma del servicio civil y control del gasto corriente.
Asimismo, se obliga a hacienda a elaborar un marco fiscal de mediano plazo y una programación fiscal del presupuesto y la deuda del sector público no financiero, que deberá publicarse anualmente en el portal de transparencia fiscal.
El nuevo marco jurídico fue aprobado con 59 votos, que incluye los de Arena y uno en contra de Vamos.
