El Fondo Monetario Internacional reveló que existen acuerdos previos para brindar un financiamiento al país por 1,300 millones de dólares para abordar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer las perspectivas de crecimiento y resiliencia de mediano plazo.
Centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia además de mitigar los riesgos del bitcoin.
En el plano fiscal, se alcanzaron acuerdos preliminares para mejorar el saldo primario en alrededor del 3,5% del Producto Interno Bruto en tres años, a fin de colocar la deuda pública en una senda sostenible.
Se espera que la consolidación se logre mediante un conjunto equilibrado de medidas, con un enfoque inicial en la racionalización de la masa salarial pública es decir salario total que reciben todos los empleados estatales, independientemente de la función o cargo que ocupen, al tiempo que se crea margen para un gasto social y de infraestructura crucial.
También se avanzó en la elaboración de un plan para fortalecer gradualmente los mecanismos de reserva del sistema financiero de manera compatible con el crecimiento y el crédito del sector privado. Esto también está siendo respaldado por los esfuerzos para reducir la dependencia del gobierno de la financiación interna mediante la consolidación planificada y el posible apoyo del fondo y otros bancos multilaterales de desarrollo.
En el plano estructural, se llegó a acuerdos preliminares sobre una estrategia integral plurianual para mejorar la gobernanza, la transparencia y el clima general de inversión. Las autoridades están muy avanzadas en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las debilidades existentes de los marcos de contratación pública.
En el caso del bitcoin, de acuerdo al FMI si bien muchos de los riesgos aún no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan más esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto bitcoin. Siguen siendo necesarios debates adicionales en esta y otras áreas clave.
