
El 15.2% de hogares salvadoreños habita viviendas alquiladas, porcentaje que alcanza 22.6% en San Salvador por la demanda laboral y educativa.
Los inquilinos deben cumplir con pagos puntuales y mantener el inmueble, evitando actividades ilícitas que motiven desalojo.
Los contratos verbales son riesgosos, por lo que especialistas insisten en formalizar los acuerdos por escrito.