Durante años las cárceles del país han permanecido hacinadas, en algunas incluso duplicando la capacidad de reos que puede albergar, por lo que, según el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, una de las medidas acertadas del gobierno fue la construcción del centro de confinamiento del terrorismo ubicado en San Vicente.
Desde la implementación del régimen de excepción, más de 67,000 personas han sido capturadas, por lo que muchas de ellas llevan más de un año en prisión y aún no han recibido una sentencia, tiempo podría seguir prolongándose.
Según el abogado constitucionalista, el papel la de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en medio del régimen de excepción, ha sido deficiente.
La seguridad en el país ha mejorado según las estadísticas del ejecutivo y diversas encuestas de opinión lo respaldan, por lo que a juicio Bertrand Galindo no es necesario continuar prorrogando el régimen de excepción.
