Viernes, 24 de Mayo de 2019 | 3:29 pm

¿En qué consiste el proyecto de Ley de Reconciliación?

La ley de reconciliación que pretenden aprobar los legisladores en tiempo récord sigue en el centro de la controversia, pero ¿En qué consiste?, ¿Cuáles son los apartados que más críticas han generado?

Los señalados de haber cometido crímenes de lesa humanidad entre el uno de enero de 1980 y el 16 de enero de 1992 podrán acogerse a beneficios contemplados en el anteproyecto de ley de reconciliación que se analiza y discute en el congreso, quienes sean condenados a diez años no irán a prisión para resarcir el daño causado durante el pasado conflicto armado, serán obligados a realizar trabajo comunitario, con ciertas excepciones, por ejemplo para quienes sean mayores de 75 años se aplicarán mecanismos especiales y quienes padezcan enfermedades crónicas no lo cumplirán, a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas deberá bastarles la confesión, una disculpa o la petición de perdón.

Los implicados en crímenes de guerra tan poco serán detenidos, se les notificará de los crímenes que se les imputan y deberán cumplir la medida cautelar de presentarse ante el juez de sentencia a cargo del caso, tan poco habrá lugar a la extradición pasiva, quienes a pesar de los beneficios penales se declaren inocentes, deberán colaborar señalando a los culpables y ayudar a ubicar el paradero de las víctimas.

La Fiscalía, cinco meses posterior a la aprobación de la ley, deberá crear una unidad especializada en la investigación de crímenes y elaborar una lista de casos tomando en cuenta ciertos aspectos, entre estos, la extrema gravedad, todas las entidades nacionales e internacionales que tengan en su poder archivos, expedientes o documentación sobre crímenes de guerra deberán entregarlos al ministerio público o al tribunal que los solicite, pero el informe de la comisión de la verdad en manos de la ONU será parte del centro de documentación para la memoria histórica y reconciliación y sus descripciones y evidencias no tendrán valor probatorio.

El anteproyecto también contempla pensiones e indemnizaciones para los sobrevivientes y familiares de las víctimas y obliga al estado a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas y en la exhumación e identificación de restos humanos.
 

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